Una crisis y cinco errores
Resumen del libro

Una crisis y cinco errores

por Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo

Una explicación de la crisis económica internacional iniciada en 2007

Introducción

 

Las crisis económicas no sólo son fenómenos dañinos en sí mismos, sino también por los peligros que se derivan de la forma en que se afrontan. Un naufragio reduce de manera drástica las opciones de los pasajeros, pero además multiplica los perjuicios que pueden ocasionar las decisiones equivocadas del capitán. Ante la crisis, por tanto, es urgente adoptar justo la actitud contraria a la de la precipitación y el pánico que, de forma natural, promueve la situación.
A la hora de hablar de la presente crisis económica se imponen con marcada insistencia cinco puntos de vista -tres diagnósticos generales y dos recomendaciones específicas- que suscitan un acuerdo casi universal:
  1. La culpa política de la crisis es del liberalismo.
  2. La codicia es la culpable moral.
  3. Las finanzas y la banca son actividades caracterizadas por la libertad de mercado.
  4. Los rescates bancarios son medidas inevitables e incuestionables.
  5. La necesidad de aumentar el gasto público para crear empleo es una estrategia adecuada de política económica para salir de la crisis.
En su conjunto, se trata de una interpretación que adolece de una doble debilidad: no son tan sólo cinco errores, sino que, además, todos ellos apuntan en una misma dirección: la de justificar el recorte de la libertad de los ciudadanos.

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La culpa política de la crisis es del liberalismo

A propósito de la crisis económica que, iniciada a mediados de 2007 en Estados Unidos, se extiende hoy por buena parte del mundo, los ciudadanos reciben desde todas partes el mismo mensaje: la crisis se ha producido porque los gobiernos han renunciado a gobernar, han abdicado de sus responsabilidades, se han retirado o se han reducido, dedicándose a privatizarlo todo y a desregularlo todo, concediendo así a sus súbditos una libertad excesiva que estos no han podido o no han sabido administrar correctamente. En última instancia, el culpable no es otro que el liberalismo, al haber apostado los gobiernos por una reducción del papel y el peso de la Administración Pública.
No obstante, es cuestionable que la política realmente haya dado esos pasos atrás que los antiliberales de izquierdas y de derechas denuncian. Consideremos, para empezar, el caso de la privatización. No hay duda de que antes existían muchas y grandes empresas públicas y que en las últimas décadas su propiedad ha pasado del Estado a los individuos. Pensemos, por ejemplo, en empresas petrolíferas o en líneas aéreas que dejaron de depender de la política y saltaron al mercado.
Sin embargo, después de todo, en no pocos casos los Estados mantuvieron mecanismos de control en las empresas privatizadas; además, no cabe hablar de una auténtica privatización cuando el estado privatiza, pero no desmonopoliza, al conceder privilegios anticompetitivos a algunas empresas o al reservarse el control de las tarifas, tal y como sucede con bastantes de los servicios públicos privatizados.
La supuesta economía liberal sólo existe en la imaginación, porque en la práctica los gobernantes controlan empresas y mercados. Prueba de ello es la práctica generalizada de la presión sobre las autoridades para obtener favores y el habitual trasiego de personajes de la vida política que pasan a ocupar jugosos cargos en la empresa o en las finanzas privadas, sin que nadie se escandalice por ello.
La prédica políticamente correcta sobre la reducción del estado de bienestar es poco más que pura propaganda. El estado redistribuidor no se contrajo en ninguna parte y en España aumentó significativamente. Cualquier medida de gasto redistributivo -sanidad, educación, pensiones- está ahí para probarlo.
El argumento de la redistribución, que justifica una amplia intervención en los mercados, también guarda correspondencia con otras intervenciones que, en medio de una pretendida epidemia de servidumbre hacia el mercado, permanecieron intactas y en muchos casos se expandieron. Así, resulta significativo que la construcción haya sido señalada como culpable de la crisis y ejemplo de la ineficiencia del mercado libre, cuando se trata de un sector profundamente intervenido, con toda suerte de inspecciones y gravámenes, sin contar con la manipulación monetaria y crediticia.
Para contrastar la supuesta ola liberal con la realidad se puede pensar en la impresionante cantidad de actividades que el Estado no sólo realiza y controla, sino que también protagoniza. En efecto, un somero vistazo a lo que significa el peso público en la educación, la sanidad y las pensiones, y a las crecientes regulaciones que afectan a toda la vida de los ciudadanos -desde la fábrica que montan o el comercio que abren o la vivienda que adquieren o reforman, hasta su forma de comer, beber y fumar- basta para ver lo disparatada que es la idea de que el liberalismo de nuestro tiempo haya cometido excesos.
Esto resulta aún más visible en el campo monetario. Recordemos que, aunque el protagonismo de las Administraciones Públicas es enorme en la educación, la sanidad o las pensiones, cabe concebir la prestación privada de tales servicios. Dicho protagonismo es virtualmente total en la policía, la defensa y la justicia, y sin embargo no está prohibido el suministro por parte de empresas privadas de servicios de defensa, seguridad y arbitraje. Por otra parte, en las finanzas, la oferta de crédito está controlada también universalmente por entidades públicas -los bancos centrales-. Pero cuando estalla una crisis financiera, el culpable casi siempre se busca en el sector privado.
En ese mundo políticamente correcto de cálidas contradicciones, muchos se sienten cómodos en la imposible persecución de objetivos incompatibles. Una contradicción típica es el hecho repetido de que todas las crisis económicas se superan con menos libertad y más regulación, pero al llegar la siguiente crisis, el pensamiento prevaleciente la atribuye sistemáticamente a un exceso de libertad y a una falta de regulación.

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La culpa moral de la crisis es de la codicia

La crisis económica ha desatado varias y antiguas propensiones antiliberales. Una de ellas es la de atribuir los desastres colectivos no a los errores y vicios de los poderosos, sino exclusiva o fundamentalmente a los de la gente corriente. Según esta teoría, los ciudadanos habrían incurrido en un materialismo y un consumismo extravagantes, en una degradante búsqueda insaciable del lucro y del dinero fácil, alimentando una burbuja ostentosa y vana y endeudándose irracionalmente por encima de sus posibilidades. Las muestras más groseras de estos vicios corresponden, en el campo legal, a los ingresos millonarios de algunos; y en el campo ilegal, a las escandalosas estafas que hemos conocido en tiempos recientes. Al sumar todo ello, algunos llegan a la conclusión de que la crisis probaría que el culpable moral es la codicia.
Sin embargo, para que este vicio tuviera alguna responsabilidad en la crisis actual, tendrían que darse alguna de las siguientes dos circunstancias o ambas: primero, la codicia tendría que haberse ahondado y generalizado; segundo, las conductas normales de los ciudadanos tendrían que poder ser calificadas clara y específicamente de inmorales.
La primera circunstancia conduce a la formulación de hipótesis verdaderamente disparatadas sobre la naturaleza humana. Si fueran ciertas, tendríamos que suponer que lo que ha sucedido en tiempos recientes es un incremento significativo de la codicia, y no parece sensato admitirlo.
Por el contrario, lo que sí ha ocurrido desde tiempos inmemoriales es que, ante cada calamidad que asola al género humano, siempre se levantan las voces de los moralistas de turno, que reprenden a sus semejantes por ver en las tragedias sociales la consecuencia directa de los pecados personales. Pero la reiteración de estas prédicas no certifica su veracidad. Lo que vemos en las últimas décadas es más bien que las muestras de generosidad, lejos de retroceder, han aumentado. Lo evidencian los numerosos casos de colaboración ciudadana con instituciones religiosas y laicas, empresariales y sindicales, privadas y públicas, para toda suerte de causas humanitarias. Es interesante constatar que esas muestras no han disminuido a pesar del notable incremento de la presión fiscal, justificada por el supuesto egoísmo de los individuos y su reticencia a ayudar al prójimo.
En cuanto a la segunda circunstancia, es decir, determinar la inmoralidad de lo hecho por los ciudadanos para estipular desde ello la culpa global de la codicia, sólo se puede hacer desde un fundamentalismo radical. En la codicia, como en otros pecados, la clave es el exceso. El comer, sólo el comer, no es de por sí gula, igual que el deleite carnal no es de por sí lujuria. Actuar conforme a nuestro propio interés, trabajar para mejorar nuestra propia condición, establecer tratos y contratos con nuestros semejantes en beneficio recíproco no sólo no es moralmente condenable, sino que tampoco es condenado por ninguna confesión religiosa.
Aparentemente, este razonamiento valdría para el beneficio normal, pero no para el beneficio extraordinario o rápido. Ello supone un sinsentido, pues en condiciones de competencia el beneficio nunca lo determinan en última distancia quienes ofrecen sus servicios en el mercado, sino su interacción con los demandantes. Cualquiera que obtenga un beneficio abultado y rápido es porque ofrece algo cuya demanda aumenta de modo intenso a corto plazo: su beneficio indica precisamente que está satisfaciendo esa demanda. Reprobar desde la ética a quien logra legítimamente un beneficio veloz y voluminoso equivaldría a aplaudir el beneficio siempre que sea pequeño y tarde muchas décadas en acumularse, lo cual carece de sentido.
Tampoco hay nada de malo en apreciar las cosas materiales y consumirlas. El desdeñoso reproche a los consumistas suele ocultar una actitud paternalista hacia los ciudadanos, que a menudo precede a la pretensión de someterlos a los arbitrios de una élite poderosa que sabe “lo que es bueno para el pueblo”.
Al consumismo se le imputa también el hecho de que los ciudadanos nos hemos endeudado en exceso, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y, por tanto, hemos alimentado la burbuja especulativa. No obstante, en esta conducta hubo un ingrediente fundamental, que no siempre se subraya adecuadamente: no fue la libre competencia del mercado privado la que forzó artificialmente a la baja los tipos de interés, sino la política monetaria llevada a cabo por entidades públicas y monopólicas como son los bancos centrales. Es absurdo, desde cualquier perspectiva, incentivar primero el endeudamiento de las personas, entregándoles dinero prácticamente gratis y creando una burbuja merced a la cual aquello que compraban se revalorizaba sin cesar, y después reprocharles el que se hayan endeudado en exceso.
Los bajos tipos de interés fueron fuente de la crisis: pero no por ser bajos (pues si hubiesen sido consecuencia de un mayor ahorro voluntario, no habrían generado crisis alguna), sino por la intervención política en los mercados. La burbuja financiera, que entre otras cosas permitió que algunos acumulasen salarios, comisiones y beneficios extraordinarios, pudo animar la codicia, pero no tuvo originalmente nada que ver con los ciudadanos libres y sí –y mucho- con sus autoridades.

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La culpa económica de la crisis es del mercado libre

Muchas personas piensan que el origen económico de la crisis financiera hay que buscarlo entre unos ávidos banqueros estadounidenses que concedieron hipotecas a gente pobre y sin capacidad para pagarlas, de modo que la mayoría de estos banqueros quebraron y cortaron el crédito a familias y empresas.
La conclusión inapelable es que el mercado libre ha sido incapaz de generar un crecimiento sostenido y estable para todo el mundo. Además, se repite con frecuencia que si los estados de todo el mundo no hubiesen intervenido para rescatar a esos banqueros golosos, la crisis hubiera sido incluso peor.
Esta versión, sin embargo, sólo subraya algunos aspectos parciales de la realidad y, sobre todo, omite otros de importancia esencial para comprender lo sucedido. Antes de culpar al mercado habría que analizar si los bancos se comportan como empresas privadas o si, por el contrario, son un modelo de negocio cuya supervivencia depende fundamentalmente de que el Estado intervenga permanentemente en la economía.
El negocio bancario se basa en una inestable y peligrosa estrategia: los bancos invierten a largo plazo el dinero que podrían necesitar a corto plazo, con lo que corren el riesgo de caer en suspensión de pagos. Dicho de otra manera: el banco tiene deudas con cada uno de sus depositantes que pueden vencer a muy corto plazo y, de hecho, vencen en el momento en el que cada depositante decide ir a sacar su dinero. En principio, el banco debería tener disponible en todo momento el dinero que nos debe, pero lo que suele hacer es, por el contrario, prestarlo en forma de hipotecas a 15 o 30 años. Esto significa que sus deudas vencen a muy corto plazo, pero sus inversiones son a un plazo muy extenso. En consecuencia, es casi imposible que un banco pueda atender puntualmente el cumplimiento de todas sus deudas si el dinero lo tiene invertido a plazos muy extendidos: por ello podría verse sometido a una suspensión de pagos.
Para evitar esta última contingencia, los bancos suelen prestarse dinero entre sí a diario. Si un banco cree que tiene más efectivo del que necesitará en las próximas semanas, puede decidir prestárselo a otro banco que se lo demande con el fin de evitar tenerlo parado.
Sin embargo, aun con estos préstamos mutuos, sería fácil que los bancos no pudieran hacer frente a sus deudas en cualquier momento dado. Por ello, desde hace varios siglos han ido desarrollándose unas instituciones semipúblicas llamadas bancos centrales. Estas instituciones, como el Banco Central Europeo en la zona del euro, la Reserva Federal en EE.UU. o el Banco de Japón se encargan de ser los prestamistas de última instancia para los bancos. Es decir, refinancian continuamente su deuda a corto plazo para evitar que entren en suspensión de pagos.
De esta manera, los bancos centrales crean temporalmente dinero en función de los fondos que han prestado los bancos privados. Cuantos más fondos hayan invertido estos últimos, de mayor margen disponen los bancos centrales para expandir el crédito. Esto es importante, ya que si por cualquier motivo el valor de las inversiones de los bancos aumenta, también lo hará la capacidad del banco central para crear dinero y, por tanto, para prolongar la situación de suspensión de pagos de los bancos privados. La manera en la que los bancos registran el valor de sus inversiones se establece según las normas contables.
La práctica contable más tradicional para valorar las inversiones es hacerlo según el coste de éstas -técnica que se conoce como coste histórico-, y permite a los acreedores distinguir lo que son beneficios de lo que son simples revalorizaciones transitorias. Para ilustrar lo que significa esto en la práctica, supongamos que invertimos 1.000 euros en un paquete de acciones que mañana pasan a valer 20.000, pero no las vendemos. ¿Acometeríamos un gasto extraordinario de, por ejemplo, 10.000 euros por nuestra mayor riqueza? No deberíamos, ya que si gastamos esa cantidad y al día siguiente las acciones vuelven a caer a 1.000, nos habríamos gastado un dinero que no teníamos.
Esta es la lógica prudencial de valorar las inversiones (los activos) al coste histórico. Sin embargo, la disciplina contable está desde hace años, como muchas otras cosas, sujeta al intervencionismo estatal. Uno de los recientes cambios ha consistido en imponer que determinadas inversiones se registren por su valor de mercado, el llamado valor razonable. De esta manera, la revalorización de las inversiones permite al banco central crear todavía más dinero para los bancos privados, lo que a su vez redunda en un incremento de precios aún mayor y la realimentación de todo el proceso.
Por consiguiente, los bancos comerciales, gracias a los bancos centrales, pueden prestar a tan largo plazo como quieran y a un interés muy bajo, con independencia del vencimiento de sus deudas: un privilegio del que no goza ningún otro grupo de empresas en el mercado, porque estas deben intentar que sus inversiones a corto plazo sean superiores a sus deudas a corto plazo, lo que se conoce como fondo de maniobra.
En definitiva, los bancos se endeudan a corto plazo para invertir a largo, pues se trata de una estrategia financiera muy lucrativa y porque el banco central, un organismo semipúblico y monopolístico, les refinancia constantemente sus deudas a corto plazo creando nuevo dinero.
Teniendo en cuenta este funcionamiento del sistema financiero actual, difícilmente podríamos calificarlo de libre mercado. En dicho sistema tienen lugar cuatro violaciones fundamentales de los derechos de propiedad, ya sea por parte del Estado o por parte de los bancos con complicidad del Estado: apropiación indebida de los depósitos por parte de los bancos privados; inaplicación a los bancos de las leyes generales de suspensión de pagos y quiebra; intervención y regulación de las normas contables en contra de los principios tradicionales sobre los que habían venido asentándose en el libre mercado y, por último, existencia de unos bancos centrales que crean nuevo dinero de curso forzoso para refinanciar a los bancos privados.
En todo ello se observa el esquema de un ciclo económico clásico: cuando los bancos prestan a bajos tipos de interés se genera una demanda artificial (todo el mundo se endeuda, se crean nuevos puestos de trabajo, se sigue consumiendo a un ritmo elevado) que termina inevitablemente estallando en una crisis donde se abandonan todos los proyectos que no eran auténticamente rentables, tal y como está ocurriendo en el momento actual.

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Es necesario rescatar a los bancos

En septiembre de 2008 los estados optaron por rescatar a sus bancos de la quiebra. Lo hicieron mediante tres estrategias, de menor a mayor intervención. La primera fue el llamado modelo irlandés: garantizar depósitos, de modo que si quebraban, los ciudadanos pudieran reembolsarse su dinero. Segunda, conocida como el modelo estadounidense o español, adquirir parte de los activos bancarios con el fin de recapitalizarlos. Y tercera, o modelo inglés, adquirir acciones de los bancos para recapitalizarlos y tomar su control. Podría añadirse una cuarta, conocida como modelo sueco, que no es más que una combinación del modelo inglés con el irlandés: nacionalización de algunos bancos y garantía de los depósitos (y del resto de deudas) de los otros bancos.
Aunque la forma que adoptó cada plan fue distinta, todas atendían a una finalidad común: evitar la quiebra del banco por considerar que este suceso podría convertir la recesión en una segunda Gran Depresión. Los bancos han utilizado el dinero de los ciudadanos sin su consentimiento para realizar inversiones a muy largo plazo, de modo que si quebraran se procedería a una venta masiva y desordenada de esas inversiones, lo que significaría que los individuos sólo recuperarían una fracción de los fondos que depositaron. Los efectos empobrecedores y depresivos de estos acontecimientos son tan grandes que la gente tendería a paralizar todas sus inversiones hasta un punto que podría terminar agravando aún más la crisis. Fue por este motivo por el que los estados acudieron al rescate de los bancos y no por un supuesto deseo de ayudar a las élites económicas del capitalismo.
En las diferentes modalidades de los planes de rescate público no suele preocupar si los bancos rescatados tienen inversiones de calidad o, si por el contrario, su balance está lleno de agujeros negros. Simplemente se rescatan todas sus inversiones con la esperanza de que así la economía se recupere. Sin embargo, es más probable que ocurra lo contrario: tirar dinero bueno sobre dinero malo tiende a destruir el bueno sin conseguir cambiar la naturaleza del malo. Cuando el Estado entrega continuamente dinero a quienes han invertido desacertadamente, la imprescindible reestructuración de la actividad productiva se bloquea y los recursos de parte de la sociedad se destruyen para financiar esa política contraproducente. Los planes de rescate puestos en práctica por estados como el irlandés, el español, estadounidense e inglés tomaron esta dirección equivocada, aunque unos en mayor grado que otros.
El modelo irlandés, por ejemplo, donde el estado avala el 100% de los depósitos bancarios, es poco nocivo si la banca es prudente y si ha invertido su dinero de manera más o menos acertada. Si los activos de los bancos tienen valor, podrían recuperar ese dinero. Pocos estados tienen músculo financiero suficiente como para garantizar el 100% de los depósitos de su sistema bancario. En España, por ejemplo, los depósitos son 2,3 veces superiores al PIB, con lo que el gobierno necesitaría conseguir fondos muy por encima de todo lo que se produce en el país anualmente si quisiera hacer efectiva esa garantía.
Por su parte, en el modelo español y estadounidense la idea es adquirir ciertos activos de los bancos y quedarse con ellos hasta que la situación económica se normalice y puedan venderse a un precio al menos tan alto como al que fueron adquiridos. La operación no es en principio arriesgada siempre que el estado se limite a adquirir activos de calidad. El plan español afirma explícitamente que ese es su objetivo, mientras que el estadounidense pretende adquirir activos de mala calidad para sanear los balances de los bancos.
El modelo español parece, a primera vista, más sensato, siempre y cuando sea cierto que se adquieren sólo activos de calidad. Aun así, la operación no está exenta de riesgos relativos a la valoración adecuada de los activos, por su valor propagandístico para el gobierno o por la posible aplicación del criterio político en la selección de los valores que se adquirirán.
La suma de todas estas circunstancias ha dado lugar a que muchas voces pidan directamente una especie de nacionalización de los bancos mediante la compra por parte del Estado de todas sus acciones. De este modo, el gobierno lograría un triple objetivo que muchos consideran imprescindible: participar en los beneficios del banco, despedir a la dirección y volver a expandir el crédito a los ciudadanos. Éste sería el modelo inglés de rescate que, por desgracia, va abriéndose camino en el resto del mundo.
La situación excepcional así creada da lugar a que las empresas insolventes sobrevivan y puedan seguir repartiendo dividendos o remunerando a sus directivos a costa del erario público; es decir, el Estado quiere mantener la normalidad del mercado evitando la desaparición abrupta de las grandes empresas, pero precisamente por ello les impide funcionar con normalidad.
En definitiva, ninguno de los tres modelos de rescate (irlandés, español-estadounidense e inglés) contribuye a mejorar la situación económica, aunque al irlandés se le puede considerar el menos pernicioso, mientras que el inglés es el más perjudicial, especialmente cuando la nacionalización se efectúa con la finalidad de forzar a los bancos a expandir nuevamente el crédito. La actual crisis económica es precisamente consecuencia de que se haya concedido demasiado crédito a demasiada gente para demasiados proyectos, muchos de los cuales arrastraron a los bancos a la bancarrota.
El hecho de que ninguno de los tres modelos sea adecuado no significa que haya que dejar quebrar a los bancos. Aunque nada se puede hacer para revertir el proceso en el cual el dinero de los clientes a largo plazo se ha invertido en hipotecas, empresas y préstamos al consumo (y cuyo impago puede provocar en cualquier momento la quiebra del banco), queda la posibilidad de convertir a dichos clientes en sus nuevos accionistas. De ese modo, si el banco sobrevive y vuelve a ser rentable, los clientes podrían revender sus acciones y recuperar la totalidad de su inversión. Con esto ya se lograría una recapitalización adecuada de los bancos para seguir funcionando sin dinero público.
Por último, los acreedores a corto plazo (los que han depositado su dinero a la vista) deberían adquirir una condición mixta: por un lado, conservar en la medida de lo posible sus depósitos y, en la parte que sea imprescindible para garantizar la viabilidad del banco, convertirse en acreedores a largo plazo.
De esta manera se evitaría una negativa y desordenada quiebra de las entidades financieras, se favorecería la liquidación de los activos de mala calidad, se minimizarían las pérdidas para los acreedores del banco y se permitiría a estos últimos decidir sobre la conveniencia de pagar dividendos o de mantener a la dirección actual. En resumen, se permitiría que los bancos siguieran adoptando decisiones como empresas privadas, al servicio del consumidor, en lugar de como apéndices del poder político.

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Es necesario aumentar el gasto público para crear empleo

Según este argumento, si los agentes privados no utilizan su dinero para consumir, el Estado tendrá que hacerlo. Lo cual significa imaginar la economía como si fuera una máquina a la que darle cuerda para que no se detenga y explote.
Muchos políticos y economistas nos venden a diario la necesidad de incrementar el gasto público apelando a tres beneficios resultantes de esa medida: aumentaría el consumo, se crearían puestos de trabajo y se despejaría la incertidumbre en la economía. Sin embargo, esto no está en absoluto tan claro.
El primer objetivo de los planes de gasto público es aumentar el consumo. Sin embargo, no es evidente que su estímulo vaya a ser positivo. La crisis actual se ha producido porque los bancos se han endeudado a corto plazo y han prestado a largo. El problema es que, si bien toda inversión necesita estar respaldada por un ahorro, no existe suficiente ahorro a largo plazo para financiar todas las inversiones que se han hecho a dicho plazo.
Por consiguiente, si la crisis se ha producido por falta de ahorro, no parece muy lógico que, incrementando el consumo, reduzcamos aún más el escaso ahorro del que disponemos. A una familia que esté muy endeudada y que prácticamente no pueda llegar a fin de mes, nadie le recomendaría pedir otro préstamo para irse de vacaciones creyendo que ese incremento del consumo mejoraría su situación financiera. En estas circunstancias, el sentido común dicta que la familia en cuestión se apriete el cinturón, elimine sus gastos superfluos y empiece a amortizar parte de su deuda, igual que el resto de la economía. Por tanto, lo que necesitamos es ahorro para sufragar la reconversión y transformación de las economías occidentales, que se han centrado excesivamente en la construcción y en ciertos bienes de consumo duradero y no en mejorar su eficiencia energética o la competitividad de sus industrias exportadoras.
Podría pensarse que el incremento del consumo, aun siendo dañino, genera más empleo y despeja las incertidumbres de la economía. Pero el objetivo de una economía no es crear puestos de trabajo, sino riqueza. Los puestos de trabajo, los salarios altos o las mejores condiciones laborales son sólo una consecuencia de que se esté creando riqueza correctamente; en caso contrario, el puesto de trabajo sólo sería temporal. Los políticos, sin embargo, en lugar de preocuparse por que la economía se recupere, vuelva a generar riqueza y con ella puestos de trabajo, siguen el curso opuesto: crean puestos de trabajo en cualquier proyecto sin que importe su rentabilidad. Dado que estos puestos de trabajo no pueden ser remunerados con la riqueza que generan, una vez que se corte el gasto público que los financia estarían condenados a desaparecer.
En cuanto al último objetivo del gasto público, despejar incertidumbres, difícilmente puede pensarse que el Estado sea capaz de aportar seguridad: los estados muy endeudados suelen generar desconfianza entre los inversores internacionales. Al fin y al cabo, mucha deuda pública significa mayores impuestos futuros, y nadie quiere invertir allí donde le vayan a quitar un alto porcentaje de lo que gana.
No obstante, esto no significa que el Estado no pueda hacer nada para aliviar los efectos de la crisis y favorecer la recuperación. En concreto, el Estado tiene una influencia decisiva sobre las tres condiciones de la reactivación de la economía: ajuste de los precios relativos, recolocación de factores productivos y ahorro.
Sobre el ajuste de precios relativos hay dos medidas señaladas que puede adoptar. La primera es agilizar los procedimientos concursales en los tribunales. Cuando una empresa quiebra, sus activos se liquidan a bajos precios para tratar de darles salida con rapidez; sin embargo, si la justicia es lenta este proceso y el consecuente ajuste de precios se retrasan.
La segunda es no rescatar sectores productivos en quiebra, ya que esto retiene los factores productivos cuyos precios tienen que bajar en líneas empresariales que no son rentables y que sólo sobreviven gracias al subsidio. Aquí se incluye tanto el rescate a los bancos, como los subsidios a las inmobiliarias, que impiden que el precio de la vivienda caiga.
Sobre la recolocación de factores productivos, el Estado puede liberalizar la legislación de determinados sectores y mercados para no crear barreras artificiales que los retengan en empresas que no generan riqueza y que deben liquidarse.
Por último, sobre el volumen de ahorro disponible para financiar los nuevos proyectos empresariales, el Estado puede llevar a cabo una enérgica reducción de impuestos a familias y empresas, especialmente de aquellas figuras tributarias que graven el ahorro.

Conclusión

Las cinco supuestas verdades que el pensamiento único predica a propósito de la crisis están lejos de ser ciertas. Si, tal y como se demuestra en este libro, el culpable político de la crisis no es el liberalismo, entonces la solución no debe pasar por aumentar el intervencionismo. Si el culpable moral de la crisis no es la codicia, entonces la solución no se encuentra en el arrinconamiento de la libertad ciudadana. Si el culpable de la crisis no es el mercado, entonces no hay que limitar aún más la propiedad privada y los contratos voluntarios. Si existen alternativas a los planes de rescate bancario con dinero público, entonces la salida no debe consistir en hacer pagar a los ciudadanos la cuenta de lo que no han tomado. Y si hay alternativas al aumento del gasto público, la solución entonces no está en el incremento generalizado de la presión fiscal.


Fin del resumen ejecutivo
Biografía de los autores
Carlos Rodríguez Braun
Carlos Rodríguez Braun es licenciado en Economía por la Universidad de Argentina, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento en dicha universidad. Es además conferenciante, analista y colaborador habitual de prensa, radio y televisión. Pertenece a la red de LID Conferenciantes.
Juan Ramón Rallo
Juan Ramón Rallo es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. Colabora habitualmente en prensa, radio y televisión.  
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